A medio siglo del 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina sigue atrapada en un aniversario que, lejos de invitar a la reflexión honesta, se ha convertido en una puesta en escena ritualizada. El desarrollo económico, social y cultural de los países se realiza mirando hacia adelante y sólo ocasionalmente los espejos retrovisores. Para avanzar, es imperativo desmantelar el relato sesgado y confrontar la historia con la crudeza de los datos y el contexto que el “oficialismo cultural” ha intentado archivar.
Es falso, de toda falsedad, tanto la teoría de los “dos demonios” como la de uno sólo, caracterizado por las Fuerzas Armadas. Lo cierto, a mi entender, es que existió un demonio, el terrorismo, en dos bandos: uno militar y el otro guerrillero.
El golpe que derrocó a la primer mujer Presidente de la historia argentina, María Estela Martínez de Perón, fue consecuencia del caos interno provocado por el accionar de organizaciones terroristas como Montoneros, el ERP y Todos por la Patria. Estas facciones atacaban directamente el orden constitucional. Los atentados contra civiles, ejecuciones y secuestros sembraron un terror que el Estado no pudo controlar. Tal es así que, arrogándose facultades “salvadoras del orden” y en consonancia con los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas se les ocurrió intervenir y derrocar a un gobierno constitucional, dando vida a uno de los períodos más oscuros de nuestra historia.
Nadie puede negar la tragedia de la desaparición forzada de personas ya que fue una aberración ética y jurídica. La inexistencia de juicios previos para los detenidos, acusados de terroristas, los privó del derecho a la defensa y a un juicio justo. Sin embargo, la gravedad de estos hechos no justifica la construcción de un mito numérico. La CONADEP, bajo la mirada de Raúl Alfonsín, documentó con rigor 8.961 casos de desaparecidos. El propio Alfonsín sostuvo siempre que la verdad debía sostenerse en pruebas judiciales y no en consignas políticas. La cifra de los "30.000" no es más que un invento simbólico, dicho también por su principal ideólogo, Luis Labraña, y que al ignorar los registros reales, termina por faltarle el respeto a las propias reales víctimas, debidamente documentadas.
Es necesario distinguir el rol de dos entidades defensoras de Derechos Humanos originadas tras el golpe de estado. La Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo” siempre cumplió el rol trascendental de recuperar la identidad de los hijos apropiados indebida e ilegalmente. La otra, “Asociación de Madres de Plaza de Mayo” se transformó progresivamente en una organización delictiva, vinculada a manejos de fondos públicos con uso indebido y convertida en una agrupación político partidaria que dista mucho de la reserva moral que pretendía representar. Malversación de fondos públicos, estafas, sobreprecios, una “Universidad” como recoveco de formación ideológica antidemocrática, “Sueños compartidos”, etc. Todo vinculado al saqueo al Estado y nada a su esencia original: recuperar a los hijos indebidamente apropiados por personajes siniestros de la dictadura militar.
No puedo dejar de referirme, finalmente, a la decisión de convertir esta fecha en un feriado nacional. Si, roza la estupidez cívica. El aniversario de la mayor tragedia institucional del país no debería ser una invitación al turismo o al descanso. Debería ser una jornada de trabajo, de estudio en las aulas, de duelo nacional y de memoria completa.
La memoria no se construye con un día libre, se construye con la verdad, reconociendo a todas las víctimas y aceptando que el pasado es un espejo incómodo, pero necesario, donde no pueden faltar ni los datos de la CONADEP ni el recuerdo de esos más de 1.000 ciudadanos que cayeron bajo el fuego de la guerrilla. Solo así, sin relatos mutilados, podremos decir que hemos aprendido algo en estos 50 años de lo contrario nos seguiremos pareciendo a ese perro que se quiere morder la cola y da vueltas sin parar y sin conseguir el objetivo, seguir adelante